Ayer,
cerca de las siete de la mañana, los guardias privados del latifundio Iriarte
Cué asesinaron a Abrahan Sánchez Galloso con un disparo de escopeta en el
pecho.
El
responsable directo es el ganadero Elpidio De la Cruz Rojas que aún tiene el
control de las tierras en disputa de unas cinco mil hectáreas, ubicadas en la
colonia Urundey, distrito de la localidad de Unión, departamento de San Pedro. "Los
compañeros fueron interceptados por un grupo de matones y fue ejecutado uno de
ellos", expresó Gregorio Fernández, del Espacio Unitario Popular en
Radio 1º de Marzo.
El
día anterior el dirigente campesino de Unión, Adolfo Villagra, cuestionó a la
fiscala Lilian Ruiz, con jurisdicción en la zona señalando que sólo defiende
los intereses de los ricos e ignora las denuncias presentadas por los
campesinos. Alberto Alderete, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra (Indert) había sostenido que el Estatuto Agrario vigente
desde el año 2002 sólo beneficia a los latifundistas y a quienes poseen tierras
malhabidas, y que los jueces y fiscales “protegen a los mercaderes de
tierra”.
Mientras
tanto, los campesinos esperaban acampados pacíficamente frente al latifundio
“Iriarte Cue,” cumpliendo pacíficamente con el acuerdo contraído con el Indert
que entiende en los temas del control del loteo de latifundios, motivo por el
cual habían resuelto esperar hasta el jueves.
Frente
a este nuevo asesinato político la Comisión por los DDHH de Paraguayos
Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura
Stronista – Filial Buenos Aires – y otras organizaciones manifestaron esta
mañana a A.N.A. su solidaridad con los familiares del joven Abraham Sánchez
Galloso de 19 años y con la OLT cuyo objetivo en Iriarte Cue era recuperar
tierra para los campesinos y frenar la indiscriminada deforestación de los
bosques cometida por rollotraficantes.
Especialmente
repudiaron la acción cómplice de las autoridades fiscales como Lilian Ruiz y
policiales con los latifundistas y sus mercenarios armados contra los pacíficos
campesinos. Exigieron enérgicamente a las autoridades de Paraguay el juicio y
castigo a los culpables de más de 200 asesinatos de este tipo que se encuentran
en la más absoluta impunidad bajo la inacción de la Comisión por los DDHH del
Senado presidida por la senadora del partido “Patria Querida”, Ana Juanita
Mendoza de Acha.
Se
exige a las autoridades responsables la inmediata remoción de los agentes de la
impunidad del Ministerio Público, especialmente la fiscala Lilian Ruiz. Se
pronunciaron asimismo por la libertad de los presos políticos del Partido
Patria Libre y el Movimiento Agrario Popular injustamente acusados por los
responsables fiscales y jueces formados en este esquema del Plan Colombia
aplicado por EU en la región.
Los
agronegociantes sojeros asociados a los representantes de los intereses
económicos imperialistas, Monsanto y Cargill, fogonean incansablemente en la
prensa del sistema la criminalización de la sociedad para frenar la lucha del
campesinado. Otros “socios” como el el ingeniero Aguinagalde, gobernador de
Alto Paraná, promueven un escalón más en la construcción de un esquema
represivo contra el pueblo.
En
ese sentido el gobernador declaró “pedimos que los militares salgan a
las calles para resguardar a la población, esto también va a ser un
entrenamiento para los militares. El objetivo es que los mismos apoyen a los
policías en la lucha contra la delincuencia” (La
Nación 30/8/09). A pesar de los recursos y el poder de los medios que detentan
no pueden negar la realidad que describe con precisión el veterano luchador
antidictatorial Alfonso Resk:
“La
mayor cantidad de tierra pertenece a los terratenientes, mientras que los
verdaderos hijos de esta tierra no tienen digamos la posibilidad de hacer uso
de ella como fuente de trabajo. En el momento en que no tiene una parcela se
atenta contra el derecho a la vida, porque esa parcela de tierra es su fuente
de trabajo y el trabajo es un derecho mediante el cual puede servirse a sí
mismo y a la comunidad. Parte del derecho a la tierra para defender el derecho
a la vida” (ABC Color
30/08/09)
En
este sentido las organizaciones populares denunciaron el caso de unas ocho
familias que viven hace 30 años en la zona de Carandayty, Alto Paraguay, que
fueron desalojadas en forma violenta por orden del juez Eduardo Villarta, de
Concepción. “El
oficial de justicia Luis Simón Flecha, acompañado de una brigada de policías y
empleados de la firma Panambi SA, a punto de pistolas le sacaron a algunos
ancianos y mujeres con sus niños, y luego procedieron a echar con topadoras sus
precarias viviendas, dejándolos al abandono y desolación”.
“Es
una injusticia lo que están haciendo con aproximadamente 40 personas, de
sacarle de sus casas y dejarle en medio del monte, pero los pobladores aún
resisten cerca de la laguna Carpincho. Los latifundistas están aparentemente
construyendo una pista clandestina con topadoras y también están destruyendo la
laguna, para que finalmente los pobladores no tengan más agua y desistan de su
lucha en el lugar. Es criminal lo que están haciendo con nuestros parientes y
compatriotas paraguayos. Rogamos a nuestras autoridades nacionales que vengan a
ver este atropello”,
indicó Elisa Ortega (La Nación, 29/08/09).
Todo
el territorio de Paraguay es escenario de la más descarnada lucha por la
tierra, por un lado los “mercaderes de tierra” por el otro el pueblo campesino…